Las exeducadoras sociales de la casa de acogida de víctimas de violencia de género de Huesca denuncian la pérdida de calidad asistencial y de puestos de trabajo.
Deja de estar gestionado por el ayuntamiento y ahora lo está por el IAM, que subcontrata el servicio.
El pliego de condiciones supone un recorte presupuestario del 29,69% (de 192.000 euros de 2012 a 135.000 del año en curso), que "afecta a los gastos básicos de las unidades familiares (mujer maltratada más hijos), que ha pasado a tener un presupuesto de 16.000 euros.
La plantilla se reduce de cinco educadoras sociales a cuatro monitoras. "No dudamos de la profesionalidad y buena voluntad de las trabajadoras actuales, pero con la reducción de categoría es imposible mantener la calidad". Han señalado también que ello implica "hay una reducción drástica en los salarios".
A la rueda de prensa han asistido también CHA, IU, Equo, CCOO, CGT y el Colegio Oficial de Educadores Sociales de Aragón, colectivos que apoyan las demandas de estas trabajadoras.
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