CCOO denuncia el ataque al que se
está sometiendo a Correos, la mayor empresa pública española con más de 55 mil
trabajadores, que se ve presionada por grupos de interés que, obviando el
importante papel de vertebrador social que juega y de mayor empleador de
nuestro país, lo han puesto en su punto de mira para sacar beneficios y
negocio. Detrás de esas agresiones de los intereses privados que presionan para
que Correos permita el acceso libre a la Red Postal, se oculta la verdadera
intención de captar los nichos rentables del mercado, dejando a Correos la
parte deficitaria que conlleva su papel social de prestación de servicio en más
de 8.000 municipios, especialmente en
el mundo rural. El proceso de liberalización de Correos, impuesto por la
Directiva Postal Europea, transpuesta en España por la Ley Postal del año 2010,
ha dejado debilitado al operador público al abrir completamente el mercado a
los operadores privados nacionales e internacionales sin garantizar la
financiación para la prestación del Servicio Público Postal que el operador
tiene obligación de prestar en todo el territorio español, sin excepción
alguna.
El
sindicato ha tachado de desproporcionada e injusta la postura de corporaciones
como la Comisión Nacional de la Competencia que centran su atención en
sancionar a organismos públicos como Correos y dan entrada a operadores
privados cuyo único fin es la rentabilidad económica basada en despidos,
recorte de derechos y de salarios. Operadores privados que, además, basan su
competitividad en tirar los precios para conseguir concursos públicos con la
Administración que luego son incapaces de cumplir sin que reciban una sola
sanción.
Para CCOO,
detrás de este ataque a Correos hay un escoramiento interesado hacia políticas
neoliberales, lobbies, que no hacen más que denostar y rechazar los servicios
públicos, tratando de ocultar que España tiene el mercado más liberalizado con
mayor presencia de operadores privados, y con el operador público menos
protegido de Europa.
CCOO, el sindicato mayoritario de
Correos, hará frente ante un ataque tan ideológicamente intencionado y seguirá
pugnando por un proceso de liberalización que contemple financiación suficiente
a Correos para la prestación del SPU, una regulación del mercado adecuada con
descuentos a grandes clientes, acceso a la red postal limitado, moratoria en la
aplicación de la factura electrónica, cuidado con el efecto de las sustitución
tecnológica, adjudicación de notificaciones a Correos, etc., que le permita
desarrollar todo su potencial como operador público y como empresa competitiva
en España y en Europa.
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